La administración central ha terminado de dar forma a su ambicioso —y cuestionado— plan de regularización de activos. Bajo el pomposo título de “el blanqueo popular más grande de la historia”, la reglamentación del decreto de Inocencia Fiscal no es solo una medida técnica: es un manotazo político para inyectar liquidez en un mercado interno que no termina de arrancar. Con el foco puesto en los miles de millones de dólares que duermen fuera del sistema, el Gobierno nacional, de la mano de Luis Caputo, busca que la “clase media” y los pequeños contribuyentes sean los que financien la reactivación económica mediante la bancarización obligatoria.
La apuesta por el “Blanqueo Hormiga”
El eje de la estrategia oficial radica en facilitar el flujo de dólares informales hacia el consumo o la inversión sin que medie una persecución impositiva inmediata. La reglamentación del Régimen Simplificado de Ganancias (RSG) busca seducir a ese sector de la sociedad que desconfía crónicamente del sistema bancario argentino. Para el Ministerio de Economía, el éxito de la gestión no depende hoy de las grandes cerealeras, sino de que el ciudadano común decida “blanquear” sus ahorros para cambiar el auto o reformar la casa, movilizando así la actividad en distritos clave como el Conurbano bonaerense o el centro porteño.
Entre la presión de los bancos y el control de ARCA
La implementación no ha sido sencilla. La tensión entre el Palacio de Hacienda y las entidades financieras privadas marcó el pulso de la negociación en las últimas semanas. Los bancos, temerosos de las normativas de cumplimiento (compliance) y el origen de los fondos, se han mostrado reticentes a actuar como la ventanilla de entrada del capital informal. Sin embargo, el decreto es taxativo: para que el beneficio de “Inocencia Fiscal” sea efectivo, el dinero debe pasar por el sistema.
Desde la recién creada ARCA, advierten que el contribuyente tiene dos caminos: depositar en su propia cuenta o transferir directamente al destino del gasto. Es una jugada audaz que busca romper la inercia del efectivo, aunque deja en el aire una pregunta política incómoda: ¿qué pasará con los monotributistas si sus movimientos bancarios superan sus categorías una vez que el régimen expire?
Riesgos y multas: la letra chica de la gestión
No todo es “perdón” en la nueva normativa. El Gobierno ha introducido un sistema de multas automáticas que actúa como contrapeso a la flexibilidad inicial. Esta dualidad define el estilo de gestión de la actual cartera económica: zanahoria para el que ingresa los dólares, pero un garrote administrativo veloz para quien intente eludir los nuevos mecanismos de reporte. La política de “Inocencia Fiscal” se juega su credibilidad en los próximos días, mientras los sectores productivos de la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires observan si este flujo de billetes finalmente se traduce en ventas o si, por el contrario, el miedo al “carpetazo” fiscal vuelve a dejar los dólares bajo el colchón.
