El papelón del doble proyecto: ¿Error de sistema o falta de conducción?
Lo que en los papeles debía ser una semana de triunfalismo para el oficialismo terminó exponiendo una grieta en la eficacia de la “cocina” legislativa de Balcarce 50. La retirada de urgencia del proyecto de reforma penal juvenil, apenas un día después de su presentación, no fue un movimiento estratégico, sino un control de daños ante una desinteligencia interna evidente. Al enviar un texto que colisionaba con los acuerdos ya masticados con los bloques aliados, la Casa Rosada estuvo a punto de dinamitar su propio puente hacia el quórum. Este traspié administrativo revela una gestión que todavía lucha por coordinar sus impulsos ideológicos con la rigurosidad que exige la técnica parlamentaria.
El pragmatismo de los 14 años: La derrota de la narrativa dura
En la mesa de negociaciones, el “purismo” libertario chocó de frente con la aritmética legislativa. Mientras el ala más radical del Gobierno buscaba fijar la edad de imputabilidad en los 13 años —un número que rinde en redes sociales pero naufraga en los tratados internacionales—, el PRO y la UCR marcaron la cancha. La decisión política de ceder y fijar el límite en los 14 años es un reconocimiento explícito de debilidad: para la gestión nacional, es preferible una ley posible que una bandera derrotada. Este “punto de equilibrio” busca blindar la sesión y evitar que la Provincia de Buenos Aires se convierta en el epicentro de cuestionamientos judiciales por vulneración de derechos del niño.
Fondos y penas: El costo de bajar la edad
La nueva estructura no solo retoca el calendario biológico de la delincuencia, sino que trae consigo concesiones pragmáticas. La reducción de la pena máxima de 20 a 15 años funciona como un “salvoconducto” para atraer a los sectores moderados que exigen proporcionalidad. Sin embargo, el dato político más relevante para los gobernadores es el blindaje financiero: una partida de 23.000 millones de pesos. El Ejecutivo nacional entendió que no puede exportar el costo de su política de seguridad a las provincias sin enviar los recursos para infraestructura y defensorías, evitando así un conflicto federal de mayor escala por el colapso de los centros de detención juveniles.
El sprint de Bornoroni: Sin margen para el error
Bajo la presión de no sumar un nuevo traspié, Gabriel Bornoroni lidera un despliegue exprés en las comisiones de Familias y Justicia. El cronograma es asfixiante: conformar, dictaminar y debatir en menos de 72 horas. Para el Gobierno, esta ley es la oportunidad de transformar una promesa de campaña en una herramienta de gestión concreta. El desafío ahora es demostrar que el “error” administrativo fue una anomalía y no el síntoma de un oficialismo que, en su afán por la velocidad, olvida leer la letra chica de sus propios acuerdos.
