La calma en la calle Viamonte se terminó. Lo que el “Chiqui” Tapia intentó presentar como una simple desprolijidad administrativa ha mutado en un asedio judicial de alto calibre que amenaza con dinamitar los cimientos de su poder. El próximo 18 de marzo no se juega un torneo de verano, sino la supervivencia política y legal de la cúpula de la AFA ante la Cámara Nacional en lo Penal Económico.
El “pecado” de los 19.400 millones: ¿Gestión o apropiación?
El núcleo del conflicto no es la falta de fondos, sino el origen y el destino de los mismos. La justicia investiga una maniobra de retención indebida de aportes que asciende a una cifra astronómica: $19.400 millones. Según la instrucción, la gestión de Tapia y su ladero, Pablo Toviggino, habrían funcionado como una “aspiradora” de fondos de empleados y proveedores que, en lugar de terminar en las arcas del Estado (ARCA, ex AFIP), quedaron bajo control de la entidad entre 2024 y 2025.
Para el análisis político, esto no es un error de contabilidad, sino una decisión de caja. El uso de recursos de la seguridad social y el IVA para financiar la operatividad de la AFA pone a la dirigencia en un territorio pantanoso donde los beneficios impositivos temporales no sirven como salvoconducto penal.
La “gambeta” jurídica de la defensa que no convence al juez
La estrategia de los abogados de Tapia es, cuanto menos, audaz: intentan convertir resoluciones ministeriales —diseñadas para proteger a clubes sociales de embargos— en una amnistía penal de facto. El argumento es que, si el Ministerio de Economía suspendió las ejecuciones fiscales, el delito penal desaparece.
Sin embargo, el juez Diego Amarante ya marcó la cancha con una premisa básica del derecho: un decreto o resolución administrativa no tiene la jerarquía necesaria para anular el Código Penal. El magistrado sostiene que la AFA se apropió de dinero que no le pertenecía, y esa acción es independiente de cualquier “tregua” fiscal que el Gobierno haya otorgado a las instituciones deportivas.
El calendario del sismo: Marzo, el mes de las definiciones
La agenda de las próximas semanas parece diseñada para desgastar la imagen de la conducción actual:
- Indagatorias clave: Pablo Toviggino (el estratega de las sombras) y Claudio Tapia deberán declarar esta semana, enfrentando además la humillante restricción de salida del país que ya le costó al “Chiqui” ausencias en compromisos internacionales.
- La “Gran Final”: El 18 de marzo, la Cámara decidirá si confirma el procesamiento o si, en un giro inesperado, decide archivar la causa.
El trasfondo: SAD, poder y el aislamiento de Tapia
Más allá del expediente, lo que se dirime es la capacidad de resistencia de Tapia frente al Gobierno Nacional. En plena pulseada por la implementación de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), esta causa penal funciona como una pinza que debilita la autoridad del presidente de la AFA.
Incluso dentro del “clán”, las grietas empiezan a aparecer: dirigentes de peso, como Cristian Malaspina, ya buscan estrategias legales para despegar su responsabilidad personal de las decisiones de la cúpula. Si la justicia confirma el procesamiento, el “Chiqui” podría quedarse sin la protección de sus pares justo cuando más necesita cohesión interna para enfrentar la avanzada privatizadora del Ejecutivo.
