La batalla judicial por YPF está por entrar en un momento clave. La Corte de Apelaciones de Nueva York comenzará la semana que viene a definir si es correcto el fallo de la jueza Loretta Preska, que en 2023 condenó al Estado argentino a pagar unos USD 16.000 millones por la expropiación de la petrolera en 2012, durante el gobierno de Cristina Kirchner.
Por primera vez, Burford Capital, el bufete inglés que compró los derechos de litigio y será el principal beneficiario del caso, habló públicamente a través de un comunicado. El mensaje es claro: Argentina debería sentarse a negociar.
El texto del bufete advierte sobre los riesgos de la causa: “Todo litigio conlleva riesgos significativos de incertidumbre e imprevisibilidad hasta su resolución definitiva, incluyendo el riesgo de pérdida total”, señaló. También mencionó apelaciones, procedimientos de ejecución y litigios colaterales en otras jurisdicciones, dejando en claro que la pelea judicial será larga y compleja.
Burford Capital dejó además un mensaje estratégico para el Gobierno argentino: las controversias judiciales suelen resolverse por montos mucho menores que los de las sentencias, lo que deja entrever que una negociación podría ser la salida más conveniente. Eso sí, aclaró que cualquier acuerdo no se hará público hasta su conclusión.
Por ahora, el Gobierno de Javier Milei mantiene su postura: no negociará y agotará todas las instancias judiciales, incluso hasta la Corte Suprema de Estados Unidos.
